Resulta paradójico pensar que en pleno siglo XXI un país que cuenta con 26 acuerdos comerciales, lo que nos sitúa como una de las economías más abiertas del planeta, disponga de un sistema de Aduanas que naufraga entre la obsolescencia y la falta de recursos.

Esa visión estatal, de larga data, mantiene a Chile entre las naciones con las tasas más bajas de funcionarios por habitantes entre las Aduanas del mundo, apenas un fiscalizador cada 9.500 personas, muy por lejos de servicios similares en otros países. Dos ejemplos: en Ecuador la proporción es de 1 por 7.700 y en Panamá, de 1 cada 1.150 habitantes. En Tarapacá, una de las regiones con más vocación internacional y comercial de Chile, esta realidad es evidente e ineludible; disponiendo en algunos pasos fronterizos de infraestructura de la década del 70 y en controles, como Quillagua, no se cuenta ni siquiera con energía eléctrica.

La importancia de este servicio para la ciudad es trascendental y la historia lo ratifica. Apenas 2 días después de la constitución de la Junta Municipal, en 1879, se designó al cónsul de Chile en Iquique, Enrique Mac-Iver, como administrador de Aduanas lo que la convierte en la primera repartición pública en instalarse en el Puerto Mayor.

A partir de los años 60, Aduana adquiere una relevancia mayor enfocándose, además, en el combate de fenómenos propios de una zona transfronteriza, como el contrabando y el narcotráfico, rompiendo la cadena logística y financiera del crimen organizado transnacional en Chile. Todos esos esfuerzos no guardan relación con las condiciones que viven a diario los funcionarios que cumplen labores en el Puerto, Zona Franca, Aeropuerto, Colchane y en las avanzadas de Quillagua y El Loa; ni tampoco con la escasa modernización en infraestructura y tecnología.

El anuncio de un plan de inversión de más de 5.700 millones de pesos, realizado el 4 de agosto pasado por la exministra del Interior, Izkia Siches, para reforzar la labor policial y de seguridad fronteriza, a efecto de reducir el ingreso de sustancias ilícitas y la trata de personas, contrasta con la decisión de postergar las obras de reposición del Complejo Aduanero de Quillagua. Mejoras en infraestructura que permitirían reducir los ilícitos, por ende, avanzar en una de las demandas más recurrentes del último tiempo en la agenda pública nacional, como es la Seguridad Pública.

"La importancia de este servicio para la ciudad es trascendental y la historia lo ratifica".

Mauricio Soria Macchiavello,, alcalde de Iquique

Incansablemente en los medios de comunicación se habla del rol simbólico de las monarquías y su escaso poder político. Sin embargo, la monarquía británica tiene dos ámbitos de poder, por un lado, todo lo que corresponde a la representación ceremonial de un jefe de Estado, y por otro, algunas atribuciones más grises que se expresan al momento de influir en la construcción de ciertas leyes.

Elisabeth II durante su reinado logró con cierta maestría la transición de Reino Unido de un imperio global a una potencia de segundo orden. La creación de la Commonwealth of Nations, institución que agrupa a las antiguas colonias del fenecido British Empire, le permitió a la corona acrecentar su importancia en el ámbito de las relaciones internacionales.

La monarquía británica al unísono que las de Bélgica, Holanda, Noruega y Suecia, se presenta como un hilo unificador de las naciones y los países en los cuales detenta la jefatura de Estado. Por eso los divorcios de algunos de los miembros de la Casa de Windsor fue un asunto de Estado, ya que influía en la persona que heredaría la corona. En este contexto quizás la magia de esta familia consiste en transformar su vida personal en un asunto de interés nacional.

Otro ámbito del ejercicio del poder de la Casa de Windsor es su influencia a la hora de redactar cierta legislación. The Queen's Consent (Consentimiento de la Reina), es una convención del Parlamento de Reino Unido bajo la cual se solicita el consentimiento de la corona en cada proyecto de ley que emane de los debates parlamentarios en que se afecte las propias prerrogativas o intereses de la familia real (bienes personales, herencias y competencias legales). También existe el "consentimiento del Príncipe" que es una doctrina similar para el Príncipe de Gales.

Los monarcas ingleses cuentan con un poder que se ejerce en las penumbras de los debates parlamentarios, escapando de cualquier mirada escudriñadora de las instituciones políticas o de los medios de comunicación. Sumado a lo anterior, las reuniones semanales con el primer ministro, la extensa red de familiares que trabajan en el Estado y en las empresas privadas, le dan un poder de lobby que ya lo quisiera cualquiera compañía privada.

La monarquía británica ha sobrevivido a guerras, revoluciones y gobiernos de diferentes colores políticos, conservando la jefatura de Estado en el Reino Unido y en algunas excolonias. Algunos medios de comunicación colaboran en proyectar una imagen pública de la familia real, los cuales informan sobre las intrigas en Buckingham. En definitiva, los Windsor han construido su poder en publicar su vida cotidiana en la esfera pública, dejando espacios grises sobre un rol político que supuestamente no tienen.

Marcelo Valenzuela,

investigador Facultad de Comunicaciones y Artes Universidad de Las Américas

Una misión internacional de investigación creada por las Naciones Unidas para Venezuela, señaló el 20-9-2022: "El presidente Nicolás Maduro y otras autoridades de alto nivel, fueron artífices en el diseño, implementación y mantenimiento de una maquinaria para reprimir la disidencia"; "Jefes de servicios de inteligencia civil y militar de Venezuela han cometido crímenes de lesa humanidad para reprimir a la oposición".

Acciones inconstitucionales de Maduro: en 2015, los partidos de la oposición en favor de la democracia, derrotaron al régimen en las elecciones. Poco después, Maduro comenzó a desmantelar varias ramas del gobierno; los tribunales del país se llenaron con personas no calificadas del partido gobernante, para servir como garantes al poder de Maduro. Partidarios del régimen en el Consejo Nacional Electoral, supervisan la conducción de todas las elecciones y declaran a los ganadores; así, aseguran que Maduro no pierda.

Según la Agencia de la ONU para los refugiados, más de 6 millones de personas han salido de Venezuela.

Maduro, de la constitución en su país dijo ¡Qué hermoso fue el proceso constituyente venezolano, un verdadero proceso popular!. Sobre el plebiscito en Chile, donde ganó el "Rechazo" expresó: "No fue un proceso popular originario, al proceso chileno les cortaron las alas".

Derico Cofré Catril