Esta semana, el ministro Marco Antonio Ávila sorprendió a todos al entregar una cifra que nos había sido esquiva: hoy en Chile 227 mil niños, niñas y jóvenes están fuera del sistema escolar. Antes de la pandemia, el número superaba los 186 excluidos; en 2021, supimos que la pandemia había impedido a otros 40 mil volver a clases. Y ahora sabemos que en 2022, 50 mil no regresaron.

Hay un quinto más de adolescentes pateando piedras en las esquinas de las poblaciones más vulnerables, cuidando a sus hermanos o abuelos, trabajando de manera informal y precaria, o atrapados por las nefastas redes del narco o de la delincuencia común que en 2019.

El Estado cuenta con dos dispositivos que se hacen cargo de estos niños y niñas: la EPJA (Educación para Jóvenes y adultos), dirigida a jóvenes y adultos que desean iniciar o completar estudios. Su diseño técnico se orienta a los mayores de 18 años y excepcionalmente de los de 15 en adelante. Es decir, su foco son adultos y está mucho más dedicada a la inserción laboral que a la continuación de estudios, pese a que el 60 por ciento de quienes la usan tienen entre 12 y 21 años. Y los fondos de reinserción y las aulas de reingreso, que a diferencia de la EPJA, focalizan la atención en la población de entre 10 y 21 años. Acá el financiamiento se otorga a instituciones de la sociedad civil y/o establecimientos educativos que hacen un trabajo integral de reparación y recuperación de las trayectorias educativas de los excluidos.

Nosotros somos parte de esta segunda modalidad y, año a año, padecemos el calvario de conseguir financiamiento, ya que este se ve sometido a las necesidades y criterios políticos del momento, sin pensar que un trabajo reparatorio tan delicado requiere estabilidad económica para funcionar.

Aunque parece evidente que el costo por estudiante de reingreso debiera ser más alto que el promedio de la educación regular, el Estado aporta sólo 75 mil pesos por alumno. Para saldar la diferencia, los últimos años hemos contado con un aporte promedio adicional de 64 mil pesos mensuales por alumno atendido de Fundación Huneeus. Ambas cifras están por debajo de los 100 mil pesos mensuales de copago promedio que una familia aporta a la educación de sus hijos en la educación particular subvencionada. Y están muy por debajo de lo que el Estudio de Modelo de Reingreso 2019 plantea: el gasto 500 mil pesos mensuales por niño, niña o joven que busca recuperar sus estudios truncos y está rezagado y desescolarizado.

Es paradojal que los más vulnerables y excluidos del sistema escolar sean los que menos recursos reciben del Estado cuando quieren volver a estudiar. Para hacerles justicia y avanzar con urgencia y eficiencia en revinculación y reingreso, se requiere terminar con presupuestos mezquinos e inestables y con una política de reingreso ad hoc y permanente.

más excluidos

"Los más vulnerables del sistema son los que menos recursos reciben".

Liliana Cortés,, directora de Fundación Súmate

En el ámbito pediátrico son cada vez más frecuentes las consultas por dificultades en la alimentación de infantes, siendo una preocupación constante de las familias que se ha convertido en motivo habitual de consulta.

Por reportes sobre esta temática se sabe que entre el 25 y 35% de los niños con desarrollo típico pueden presentar alteraciones al comer, incluso a los 2 años la consulta es aún más frecuente debido a la selectividad propia de la edad. Estas dificultades aumentan entre el 45 y 80% de niños con problemas en su neurodesarrollo.

Particularmente, en recién nacidos y durante la primera infancia, dichas alteraciones pueden deberse a múltiples condicionantes que alteran o dificultan la seguridad y eficacia de la deglución, la que se define como el acto de tragar, permitiendo el paso de alimentos de la boca al estómago por medio de la masticación, movimientos de la lengua, saliva y trituración realizada por los dientes.

En lactantes que sobreviven a cuidados médicos críticos las dificultades en la alimentación podrían ser causadas por falta de coordinación necesaria para la succión-deglución-respiración. Los trastornos de la deglución o también denominado disfagia se pueden presentar como única entidad o coexistir con otras condiciones médicas, y puede presentarse en diferentes formas y grados, desde el rechazo oral a los alimentos o la aspiración de estos a la vía aérea (pulmones).

Como profesionales de la salud el rol del fonoaudiólogo es fundamental en esta temática, pues evalúa, diagnostica e interviene en las dificultades de la deglución y alimentación de diferentes rangos etarios, con el objetivo de facilitar la planificación de estrategias terapéuticas, aportando información valiosa al equipo interdisciplinario.

Se debe considerar que comer es más complejo que solo ¨tragar alimentos¨, pues en este acto influye el contexto donde se lleva a cabo, las personas que participan y la comida que se ofrece, entre otras cosas, por lo cual siempre debemos otorgar un grato ambiente, libre de distractores y saber acudir al profesional idóneo ante cualquier dificultad que se presente, como atoros y tos frecuente, intolerancia a ciertas texturas de los alimentos, por ejemplo.

Camila Mieres,

académica carrera de Fonoaudiología Universidad de Las Américas

La Ley de Convivencia Vial cumplió 4 años y el balance no es positivo para quienes se mueven en ciclos. Primero, el estándar de las ciclovías sigue siendo deficiente. Cabe recordar que la Ley busca igualar los estándares de todas las ciclovías del país, por lo que aquellas que no cumplan con lo dispuesto, debían implementar las mejoras en un plazo de tres años, es decir el año 2021.

El adelantamiento de ciclos tampoco se cumple. Cuando un vehículo motorizado adelante o sobrepase a bicicletas u otros ciclos, debe mantener una distancia prudente respecto al ciclo de aproximadamente 1,50 metros, durante toda la maniobra, lo cual no es respetado. Tampoco existe el número de señaléticas que lo recuerden.

Finalmente, la Ley establece que las bicicletas deberán estacionarse preferentemente en los lugares habilitados para ello, dejando en todos los casos un espacio para la libre circulación de peatones, sin embargo, la oferta de este tipo de infraestructura no está en relación con la demanda. Es de esperar que este Gobierno vele por el cumplimiento de esta Ley de Convivencia Vial.

Andrés Santelices Gálvez,

dirección de Innovación UDD

ONG Educleta