Gobierno anunció medidas en Tarapacá para combatir el crimen organizado
T ras la visita de la exministra del Interior, Izkia Siches, quien comprometió recursos para seguridad por 6 mil millones de pesos, el tema estuvo en la agenda informativa del año.
La situación derivó desde mayo en cuatro visitas del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien constituyó el consejo regional contra el crimen organizado, junto a Carabineros, PDI, FF.AA. y el Ministerio Público. Posteriormente, se comprometieron 6 mil millones para la implementación de medidas como la adquisición de escáner para Aduanas en Colchane, además de máquinas para control biométrico, entre otras urgencias. Además, la autoridad ahondó sobre la orientación de recursos en el presupuesto de 2023.
Finamente, en su última visita, el pasado 16 de diciembre, Monsalve anunció que el Gobierno implementará controles en rutas de la región, además de mejorar las condiciones de habitabilidad de las instalaciones de Carabineros y Fuerzas Armadas en la frontera y elevar a comisaría la subcomisaría de Colchane.
Además, a nivel regional, la autoridad en su visita reconoció que por Colchane "se produce el 93 por ciento de ingresos irregulares".
Monsalve adelantó que dotarán de tecnología satelital a los puntos de observación fronteriza en la que trabajan carabineros, además de instalar cámaras de vigilancia térmica.
Además, este año se realizó un catastro con 71 medidas para combatir el crimen organizado, denominado Plan Regional contra el Crimen Organizado, elaborado por la Delegación Presidencial de Tarapacá , policías, Ministerio Público y Fuerzas Armadas, entre otras instituciones.
Entre las medidas adoptadas destacan la priorización en el combate de delitos, donde destacan 9 ilícitos recurrentes del crimen organizado en Tarapacá. Estos son tráfico de armas, tráfico de drogas, tráfico de migrantes y la trata de personas. También se considera lavados de activos y delitos económicos, el robo de vehículos y el secuestro. A ellos se suman homicidios, robos con violencia e intimidación y la violencia intrafamiliar.
Tanto parlamentarios oficialistas y de oposición han manifestado su preocupación por los plazos en que se implementarán las medidas y los tiempos que deben tramitarse en el Congreso. Así lo han planteado la senadora Luz Ebensperger (UDI) y el diputado Renzo Trisotti (UDI), junto a los parlamentarios Danisa Astudillo (PS) y Matías Ramírez (PC).