El 2022 terminó con 712 robos violentos de vehículos en Tarapacá, aumentando un 114% respecto a los 332 que hubo en 2021.

Las causas de este tipo de delito, que se caracteriza porque los delincuentes usan armas de fuego o cortopunzantes y ejercen violencia para quitar el móvil a sus propietarios, muestran un cambio de las bandas delictuales, quienes han visto en la venta de vehículos robados, principalmente a Bolivia, un negocio muy lucrativo.

Según el Ministerio Público este tipo de delito violento está en aumento en Tarapacá y entre los vehículos más robados por las bandas criminales en Tarapacá se encuentran los Mazda Demio, junto al Honda Fit y el Suzuki Swift. A este grupo se suman las camionetas Station Wagon, que posteriormente son llevadas a Bolivia para incluso intercambiarlas por droga, que luego es ingresada al país por pasos no habilitados.

Sin duda, el robo de vehículo se transformó entre los más comunes, luego que las personas comenzaran a invertir en seguridad en sus hogares. A las bandas les es más fácil el robo incluso sin la violencia de por medio, sino forzando chapas y abriendo los autos que quedan estacionados en la calle, ante la falta de estacionamientos. En este sentido, el robo de vehículos, que no se relaciona con violencia, también tuvo un incremento de un 88%, con un total de 1.053 casos, los que contrastan con los 559 que hubo durante el año 2021.

Si bien el robo violento es lo más preocupante, pues se atenta con la vida de las personas, ambas formas de sustracción son preocupantes y se deben tomar medidas.

Por un lado, es importante que se pueda prevenir los robos de vehículos con una mayor inversión en sistemas de monitoreo GPS para los vehículos, contar con estacionamiento y, en general, mantenerse alerta a las condiciones de tránsito con el fin de evitar ser sorprendidos.

Al mismo tiempo, es necesario que el Estado siga invirtiendo en seguridad, con cámaras con visor de patentes que permitan dar cuenta del recorrido que hacen los autos una vez que son sustraídos y que no les sea tan fácil a los delincuentes poder llevarlos fuera del país o reducirlos como partes o piezas para su venta en desarmadurías.

"Entre los vehículos más robados por las bandas criminales en Tarapacá se encuentran los Mazda Demio".

Durante la semana pasada surgió la noticia acerca de la gestión del Directorio de Zofri S.A. que había solicitado ante el Ministerio de Hacienda el requerimiento de la prolongación de la concesión de zona franca hasta el año 2060, donde el gobierno retiró el proyecto de ley del Congreso que prorroga la vigencia del régimen de zonas francas del país, enviado por el Ministerio de Hacienda en el año 2019.

El directorio de Zofri S.A. ha realizado una interpretación del Decreto con Fuerza de Ley Nº 341 de 1977 que permitió el establecimiento de zonas francas y la Ley Nº 18.846 que autorizó la actividad empresarial del Estado en la Zona Franca de Iquique con relación a la sociedad, Zofri S.A., y los usuarios, de mantener de forma permanente la inmutabilidad de los privilegios por 40 años, donde en su artículo 11°, en su segundo inciso, autoriza al Ministerio de Hacienda a renovar o prorrogar la concesión a Zofri S.A.

No obstante, ha surgido el planteamiento si basta o es suficiente un decreto del Ministerio de Hacienda con toma de razón de Contraloría General de la República para prorrogar la concesión a Zofri S.A. por un período adicional de años, sin afectar la inmutabilidad de los privilegios iniciales, tanto para la administradora como a usuarios, dado que el otorgamiento de la explotación de la concesión en 1990, se fundamentó a partir del Decreto con Fuerza de Ley Nº 341 de 1977 y la Ley Nº 18.846, y que para mantener la inmutabilidad de los derechos se requiere una normativa jurídica equivalente, del mismo orden, en otras palabras una ley para prorrogar los beneficios tributarios que actualmente poseen la administradora y sus usuarios.

En función de los antecedentes, para prorrogar la concesión manteniendo la inmutabilidad de los derechos dependerá del análisis jurídico de la Contraloría General de la República, si se ajusta a derecho un decreto del Ministerio de Hacienda que autorice dicha prolongación de la concesión.

Para que exista certeza en la actividad empresarial y su capacidad de generar empleos directos e indirectos en Zofri, que incide en el bienestar de Tarapacá, es fundamental que se tenga la claridad sobre las exenciones tributarias de la extensión del régimen franco, porque en un horizonte de 7 años que resta de concesión se dificulta la gestión en términos de inversión para el sistema.

"Ha surgido el planteamiento si basta o es suficiente un decreto del Ministerio de Hacienda".

Dr. Héctor Varas M.

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