Condenan a ejecutivos de Enap por crudo que causó una intoxicación masiva
Tribunal Oral estableció que los directivos internaron un producto ilegal a la Bahía de Quintero, que enfermó a cientos de personas en agosto de 2018.
Leo Riquelme
El Tribunal Oral en lo Penal de Concepción condenó a tres altos ejecutivos de la Empresa Nacional de Petróleo (ENAP) por su responsabilidad en la internación ilegal de un crudo de origen iraní, que el 20 de agosto de 2018 provocó la intoxicación de cientos de personas en su proceso de descarga en la bahía de Quintero y Puchuncaví, en la Región de Valparaíso; y que también tuvo un episodio de menor escala en Talcahuano, en el Biobío.
Se trata de Edmundo Piraíno Suez, Juan Pablo Rhodes Valenzuela y Carlos Lizana Guerrero, a quienes los jueces los responsabilizaron del delito de tráfico de residuos peligrosos, reservado para quienes lo importen o manejen sin contar con las autorizaciones respectivas.
La fiscal de delitos contra el medioambiente, Ana María Aldana, se expresó "muy satisfecha" por la decisión, por tratarse de una condena "inédita" y que, a su juicio, responde a la inquietud que tenía la comunidad por conocer "qué había ocurrido en ese episodio tan grave de contaminación".
La investigación estableció que en este caso a un crudo con elevado nivel de sulfhidrico se le añadió un producto secuestrante, que también era peligroso y que se mantuvo depositado por varios días en distintas piscinas dentro del Terminal Marítimo Quintero. El viento trasladó el tóxico a la comunidad, que la inhaló y enfermó.
La fiscalía pidió para los tres ejecutivos que estaban a cargo del terminal y de ENAP Refinería Aconcagua la máxima pena posible, que asciende a tres años de presidio.
El abogado querellante de la causa, Paulo Pérez, expresó su satisfacción por la condena, pues es la primera vez que afecta a tres ejecutivos por el delito de tráfico de residuos peligrosos. Sobre la posible sentencia que arriesgan, añadió que espera que sirva para que el Congreso agilice la tramitación del proyecto de ley sobre delitos medioambientales, que aumentaría las penas.