Esta semana se despachó del Congreso la ley del Royalty, después de cuatro años y medio de tramitación. En términos generales, terminó siendo un proyecto que, si bien no es perfecto o que uno pudiera destacar como un gran proyecto, si debo señalar que aporta en varios sentidos que me gustaría destacar.
Es importante señalar que terminó siendo un proyecto ajustado a la legalidad, pues ingresó como moción parlamentaria lo que lo hacía inconstitucional, pero ello se superó cuando el ejecutivo presentó indicación sustitutiva. Podemos estar de acuerdo o no con el monto del royalty que se estableció, 45,5 o 46,5%, dependiendo del monto de la producción y sobre la base que se calculará.
Sin embargo, era importante aumentar el aporte que las compañías mineras entregan al país, con esta ley, además se acaba la incertidumbre que existió durante estos años de tramitación que inhibían nuevas inversiones en proyectos mineros.
La ley también crea 3 fondos que repartirán US $450 millones, el primer fondo es el de comunas mineras, que repartirá US $55 millones entre 32 comunas que el ejecutivo ha dado esa calificación. Al respecto, me parece que estos US $55 millones de un total de US $450 millones es bastante bajo si es precisamente en estas comunas donde se desarrollan las faenas mineras que son las que pagarán el Royalty que, además, en ellas es donde también se producen las externalidades negativas. Tampoco se me supo explicar porque la comuna de Huara no fue calificada como minera y por tanto no se ve beneficiada con ese fondo.
El segundo fondo es el de equidad territorial que repartirá US $170 millones entre 302 comunas del país que son las que reciben menos ingresos del fondo común municipal. Y el tercero fondo es de desarrollo regional que repartirá entre todos los Gobiernos Regionales US $225 millones.
Finalmente, es importante señalar que el Ejecutivo no quiso establecer que estos aportes tengan alguna limitación y fiscalización especial. Por ejemplo, que sea solo para inversión, que no se gasten en pagar deudas, en gastos operacionales o en contratar personal, pues se busca que con estos recursos las comunas y regiones puedan avanzar en su desarrollo y necesidades de las personas, en materia seguridad, salud, educación y vivienda. Por ello, pediremos que esto se corrija en la ley de presupuesto.
En general un proyecto que implica un esfuerzo de las compañías mineras, pero que es justo. Ahora lo importante es que esos fondos sean bien invertidos en beneficio de las personas y sus necesidades.
"Un proyecto que implica un esfuerzo de las compañías mineras, pero que es justo".
Luz Ebensperger,, senadora por Tarapacá