Al hablar de discapacidad, los expertos reconocen un avance importante en nuestro país en materia de inclusión, desde que Chile ratificara, el año 2008, la Convención de personas con discapacidad (PcD) de la ONU. Sin embargo, todavía existen brechas muy importantes en la participación social de este colectivo y la inclusión laboral, es uno de los ámbitos en los que se requiere actuar con gran celeridad.

Si bien es cierto que la ley 21.015 -más conocida como ley de cuotas- en vigencia desde el 2018, ha impulsado el desarrollo de culturas organizacionales más respetuosas e inclusivas, no es menos cierto que todavía persisten sesgos y temores al momento de pensar en equipos de trabajo diversos.

Estos años de aprendizaje, han demostrado que aquellas instituciones que efectivamente han creído en el valor que esta diversidad puede aportar a sus organizaciones y han dado el paso hacia la valoración de las PcD, inician un viaje sin retorno.

Si el proceso de inclusión laboral de diferentes grupos en riesgo de exclusión social se hace bien, esto es, permeando a toda la institución con la convicción de agregar valor a su quehacer, ya no vuelven a considerar a la diversidad como riesgo o amenaza; se transforma fortaleza y sello diferenciador.

Este es un camino bastante nuevo para el sector productivo de nuestro país, por lo que aún falta información rigurosa que permita generar experiencia comparada o modelos de buenas prácticas que vayan trazando el camino a quienes recién inician esta ruta. Y para ello, los datos son fundamentales, por lo que la colaboración entre los diferentes agentes de los ecosistemas asociados a inclusión, se torna imprescindible.

Alejandra Ríos,

directora Observatorio para la Inclusión U. Andrés Bello

Prosigue el debate del candente problema de la deficiente seguridad de la frontera de Tarapacá con Bolivia, son graves las denuncias del fiscal regional y del alcalde de Colchane, que pone de actualidad nuevamente una cuestión que parece una verdadera pesadilla que preocupa a la ciudadanía, en general, en vista del recrudecimiento de la delincuencia, en especial del crimen organizado. Hay peticiones de más medidas, inclusive el cierre de la frontera. El gobierno titubea, en los partidos oficialistas hay opiniones divergentes, en la oposición tienen muy claro lo que se debe hacer, taponar la divisoria o establecer un verdadero cordón sanitario. Frente a ese deplorable escenario se hace necesario dirigir poderosamente la vista hacia la puerta de ingreso de inmigrantes irregulares desde Perú hacia Bolivia, por el sector fronterizo binacional marcado por un tramo del río que desemboca en el lago Titicaca. Allí los controles dejan pasar a esos extranjeros que vienen hacia Chile, gran parte de la patria de Simón Bolívar. Bolivia se lava las manos y nuestro país paga las consecuencias, más si la frontera tiene los problemas denunciados. Es un asunto que merece ser estudiado y confirmado.

Nuestra frontera, por motivos geográficos, es abierta, área altiplánica, que por tiempos inmemoriales ha favorecido los flujos poblacionales transfronterizos, como lo hubo en la época salitrera con el arribo de trabajadores bolivianos a las oficinas. Sensiblemente, esa situación en los últimos años ha permitido el ingreso de migrantes indeseables, allí está el origen de los malos elementos que traspasaron la línea fronteriza y siguen haciéndolo, a pesar de los esfuerzos hechos por las autoridades, totalmente insuficientes, aparte de armas y drogas.

Se oficializó la Ameripol regional de la Interpol, con todas las ventajas en su misión, se creó una comisión contra el crimen organizado, integrada por Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, falta Chile. Y también la cooperación fundamental del gobierno boliviano en el sector fronterizo del Desaguadero. Bolivia era la hija predilecta del Libertador Bolívar.

Asdrubal Pineda Retamal