Germán Pozo-Sanhueza
El Tribunal de Garantía de Alto Hospicio determinó dejar en presión preventiva a cuatro funcionarios de carabineros y a un quinto con arresto domiciliario.
Los funcionarios son imputados por las agresiones a R.A.V., quien fue detenido en 19 de julio de 2023 junto a su pareja y un tercero, por el supuesto delito de violación de morada. Según el relato expuesto en el tribunal, este se negó a firmar el acta en la cual indicaba no tener lesiones, producto de estos lo habrían golpeado en reiteradas oportunidades, lo que desató una serie de hechos que incluyeron el ocultamiento de las pruebas.
Según detalló la fiscal Virginia Aravena, en la audiencia de formalización el 19 de julio de 2023, a eso de las 14 horas policías de la Sección de Investigación Policial , a cargo de la subteniente R.B.T., detuvieron a la víctima.
Según los hechos expuestos en la audiencia, ya en el recinto policial, en específico en el sector de calabozos, señalaron que cerca de las 20:00, producto que la víctima se oponía a firmar el documento que da cuenta que no tenía lesiones, el hecho fue comunicado por la subteniente al comandante de dicha unidad, el teniente coronel J.C.P. Ante la persistente negativa de la víctima, "como castigo por no haber accedido a la orden impartida y demorar el procedimiento", el comisario ordenó trasladar a los detenidos que se encontraban junto a la víctima a otra celda, a fin de dejarlo solo".
Instante donde el jefe de la comisaría ordenó al cabo I.A.E. apagar las cámaras y grabación de las mismas. Una vez desconectadas, el comisario ordenó al capitán A.A.U. y el sargento primero E.G.C. ingresar a la celda, "quienes en conjunto redujeron a la víctima ubicándolo boca abajo, doblando sus brazos para esposarlo, para luego proceder a golpearlo con golpes de pies y puños en su cuerpo, junto a patadas al interior de sus muslos y genitales, rociándole, además, gas pimienta en su cara". Situación que fue observada por la subteniente R.B.T.
Tras la golpiza, la víctima fue trasladada en un vehículo policial al consultorio más cercano, donde se le diagnosticó leve eritema ocular izquierdo con leve epífora, además eritema pericular izquierdo.
Ante estos hechos, la víctima concurrió el 4 de agosto a la Tercera Comisaría para estampar una denuncia, siendo atendido por una funcionaria y atribuyendo la responsabilidad de estos hechos expresamente al comisario.
Durante la audiencia, la fiscal indicó que advertido de esta presentación por uno de los imputados, el comisario primero ordena retener el parte policial original, que contenía la denuncia referida, para que no fuera enviado a la Fiscalía y posteriormente ordena a la imputada R.B.T. modificar su contenido desde sistema de registro informático, sustituyéndolo por un relato más reducido, redactado en términos generales, sin atribuir a nadie en específico las golpizas, reduciéndolo así sustancialmente, y consignando en el documento la firma del comisario, a pesar que a la fecha del parte no se encontraba de servicio.
Hechos que fueron contraargumentados por la defensa de los ex policías, quienes fueron dados de baja por Carabineros una vez fueron detenidos. Sus abogados apelaron a la irreprochable conducta anterior de sus representados. En ese sentido, indicaron que la víctima solo habría recibido lesiones leves, tras esta supuesta golpiza, junto a otros recursos expuestos con el fin de evitar la prisión preventiva.
Los argumentos de las defensas finalmente fueron desestimados por el juez Guillermo Cofré: "Estamos frente a un hecho grave (...) Estimo que existe suficiente necesidad de cautela, pese a que hayan sido funcionarios de Carabineros con irreprochable conducta anterior, ya que nuestro ordenamiento jurídico sanciona los actos y no la vida de los encartados".
Con ello se decretó prisión preventiva por 75 días para el excomisario J.C.P.; la subteniente R.B.T.; el capitán A.A.U.; y sargento primero E.G.C.; como autores del delito de torturas. Mientras que el cabo I.A.E. quedó con arresto domiciliario parcial, como autor del delito de obstrucción a la justicia. Además a J.C.P y R.B.T se les imputó el delito de falsificación de instrumento público.
"Estamos tranquilos, ya que tenemos la certeza que hemos desarrollado una investigación seria, completa, donde se ha trabajado con dos policías, que nos ha dado excelentes resultados, los cuales se vieron en esta audiencia. El día de hoy formalizamos a estos Carabineros por tortura, que tiene una pena de crimen que comienza en 5 años y un día en adelante", señalaron en el Ministerio Público.
En tanto, Eduardo Cabrera, defensor jefe de Alto Hospicio, sostuvo que están "disconformes con la decisión ya que tenemos una teoría del caso distinta. Mi representado niega haber agredido a la víctima. Estamos analizando los pasos a seguir. Estamos en desacuerdo con la decisión del tribunal de haber decretado la prisión preventiva".
