Prácticamente nadie puede negar el desorden que experimenta Iquique en la actualidad. Vehículos mal estacionados o abandonados, basura, vendedores ambulantes, ferias y toldos incluso en medio de plazas o el paseo Baquedano, calles y veredas deterioradas, entre muchas otras cosas que hacen que la ciudad no luzca bien.

Son demasiadas situaciones, lo que al mismo tiempo impide responsabilizar a un organismo en particular. Sin embargo, este lamentable escenario requiere de medidas profundas que permitan que la capital regional recupere su encanto y, sobre todo, la calidad de vida para sus habitantes.

Hoy por hoy nadie parece asumir la responsabilidad de promover una ciudad más acogedora y hermosa. Es claro que desde las instituciones públicas en los últimos años se han realizado más anuncios que obras concretas que impacten en el urbanismo de Iquique. Sin embargo, esa inacción también se traspasó a las organizaciones sociales y a los particulares, quienes parecen no entender que una mejor ciudad se construye entre todos.

En ese contexto, las empresas también pueden apoyar iniciativas, como lo está realizando Collahuasi en El Morro, pero es evidente la necesidad de generar más instancias que logren congregar a los privados y a los mismos ciudadanos para que se interesen por mejorar los barrios.

Se podría avanzar en la reparación de calles, promover la limpieza, la creación de áreas verdes, el ordenamiento del comercio y las ferias, reducir el número de vehículos, entre otros aspectos. Sin embargo, si no existe un plan de trabajo serio, amplio y con plazos definidos, solo se seguirán acumulando males.

Es cierto que en la actualidad es muy complejo que las personas se comprometan más allá de lo que les impacta particularmente, pero cuando se trata de una ciudad pequeña, como es Iquique, finalmente toda mejora conlleva beneficios.

Para hacer un cambio real, cada uno se debe comprometer. Autoridades y servicios realizando lo que les demanda la ley y los privados aportando desde una mirada ciudadana, asumiendo que la comuna es el hogar de todos, sin excepción.

"Hoy por hoy nadie parece asumir la responsabilidad de promover una ciudad más acogedora y hermosa".

Como institución formadora de futuros y futuras docentes, vemos con gran preocupación el acoso y violencia que sufrió la profesora Katherine Yoma Valdivia (QEPD), en la Escuela D-68, de Antofagasta. Solidarizamos con el dolor de su familia y cercanos. El caso terminó con su vida, hecho que impactó al país y evidencia la fragilidad del sistema de protección y apoyo para docentes víctimas de agresiones físicas y/o psicológicas, ya sean causadas por estudiantes u otros integrantes de una comunidad educativa.

Junto con rechazar la violencia en cualquiera de sus formas, como sociedad, debemos lograr el entorno adecuado para profesores, profesoras y estudiantes, e incentivar a más personas agentes de cambio a reaccionar ante el acoso y la violencia escolar, incrementada en forma importante tras la menor socialización presencial que significó la pandemia.

Según especialistas, la violencia puede ser un fenómeno cultural o un síntoma de las desigualdades que vivimos como sociedad, y que emergen más visibles en las comunidades educativas. Al considerar que la agresividad escolar es un fenómeno cultural, significa también que requiere una labor de la comunidad educativa y del entorno familiar para erradicarla. Así como también identificar el tipo de violencia, para generar planes de acción adecuados, ya sea en lo físico, emocional, en infraestructura, redes sociales, etc.

En materia de políticas públicas, la convivencia estudiantil ha sido un tema central como indicador de calidad educativa. Hace 22 años el Mineduc ya publicaba una primera Política Nacional de Convivencia Escolar. Luego se promulgó la Ley 20.536 sobre Violencia Escolar, y posteriormente, hubo más versiones de esa mencionada política.

Sin embargo, hasta ahora el tratamiento del flagelo se ha enfocado y analizado mayormente en escolares, entre pares, pese a que la responsabilidad de fortalecer la convivencia es de toda la comunidad. En este sentido, encuestas sucesivas desde 2005 han evidenciado incrementos en agresiones hacia docentes en el país, medición que evidentemente requiere con urgencia mejorarse.

Otro ejemplo está en la mencionada Ley sobre Violencia Escolar, donde se define acoso como "toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado, realizada fuera o dentro del establecimiento educacional por estudiantes que, en forma individual o colectiva, atenten en contra de otro estudiante". Así, en la misma ley e instrumentos de medición, este problema de nuestra sociedad no considera adecuadamente a las y los educadores víctimas de agresiones. Por esto, son urgentes mejores políticas públicas que permitan erradicar la actual incertidumbre de este flagelo.

"Debemos lograr el entorno adecuado para profesores, profesoras y estudiantes".

Alberto Martínez,, rector Universidad Arturo Prat

Pese a que en la actualidad existe más conciencia, aún hay muchas personas que dejan libres a sus mascotas en las calles y no limpian sus desechos. La Ley Cholito es clara respecto a la tenencia responsable, pero poco se cumple.

Pescados

Aunque para los pescadores es una semana clave para mejorar sus ingresos, muchas familias están lejos de tener los recursos necesarios para comprar estos productos para el fin de semana largo. Al final la idea es la austeridad.

Respetar a censistas

Por lo general, quienes trabajan en el censo son jóvenes que realizan su labor con mucho respeto. Sin embargo, en algunas viviendas los reciben malhumorados y se enojan porque deben responder la encuesta. Hay que cumplir la ley, pero sobre todo ser empático.