A fines de julio, el Gobierno anunció el fin del copago en el Fondo Nacional de Salud (Fonasa). La medida comenzará a regir desde septiembre y beneficiará a 5.388.904 personas que se encuentran en los tramos C y D, menores de 60 años donde un 54% son hombres y un 46% mujeres. Con ello, más de 15 millones de personas que están en Fonasa, casi el 80% de la población a nivel nacional, tendrá gratuidad en la modalidad de Atención Institucional, es decir, en la Red Pública de Salud, ya que se unen a los tramos A y B que no copagan.

Es importante aclarar que las personas del tramo C perciben un ingreso imponible mensual mayor a $380.000 y menor o igual a $554.800, y copagan un 10% en las atenciones de salud en la Red Pública. En tanto las del tramo D, con un ingreso imponible mensual mayor a $554.800, copagan un 20% de las atenciones. Ambos tramos cotizan al sistema un 7 % de su sueldo imponible.

Desde el punto de vista de las prestaciones de salud, como país generamos alrededor de 110 millones de atenciones al año. De esas, 80 millones son producidas por prestadores públicos.

El anuncio provocó toda clase de comentarios incluyendo el del director de la OMS Tedros Adhanom, quien dio "la bienvenida a la decisión del Gobierno de Chile para cubrir los costos en salud de seis millones de chilenos". Ello fue respondido positivamente por la ministra de Salud, Begoña Yarza, al afirmar lo histórico de la medida y las conversaciones que ambos habían sostenido acerca de este tema en encuentros internacionales.

Sin embargo, también ha habido fuertes críticas. Por ejemplo, el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, señaló que tal medida no se acoge al principio de legalidad, ya que un cambio de esta naturaleza debe hacerse a través de ley de presupuesto, debido al impacto fiscal que provoca el copago cero, el cual supone un gasto de aproximadamente $21.000 millones al año.

La estrategia jurídica del Minsal es modificar lo estipulado en su Resolución N° 1717 del año 1985, que determina el nivel de cobertura financiera de las prestaciones entregadas en la Red Pública. Dicho documento se trabajará entre los ministerios de Hacienda y Salud y deberá ser publicado en el Diario Oficial.

Con todo, es claro que la medida impactará positivamente en el bolsillo de miles de familias. Según el "Estudio de Caracterización del Gasto 2019", el monto de ahorro promedio que se obtendría por hogar sería de $265.735 al año, pero si vamos a un ejemplo concreto, una persona del tramo D, con esclerosis múltiple remitente recurrente, debería pagar más de $3 millones, cosa que, a contar de septiembre, no sucederá.

En definitiva, en tiempos electorales, una medida de este tipo no permite dimensionar lo positivo de esta política pública, tal como se valora a nivel internacional.

"En tiempos electorales, una medida de este tipo no pemite dimensionar lo positivo".

Luis Jiménez Cepeda,, académico Administración Pública UCEN

El vergonzoso caso de los cerros de desechos textiles que se encuentra radicado en el Tribunal Ambiental Regional (Antofagasta), gracias a la denuncia de una abogada iquiqueña, J. Silva. Felicitaciones. Ese Tribunal establecerá las responsabilidades e impondrá las sanciones correspondientes. El fallo debería abordar el destino de esos desechos.

Se señala al Estado como responsable de esa censurable situación, por el inmovilismo de determinados servicios y autoridades. Una de las sanciones podría ser de carácter ejemplarizadora: el Estado debería asumir la gran tarea de impulsar la reutilizacion de esos para transformarlos en ropa y material de construcción. Esta labor daría trabajos a muchas pymes.

Por otro lado hay que establecer la prohibición definitiva de la internación de esos desechos con severas multas, para lo cual habrá que realizar ajustes legales que ahora permiten su ingreso sin ningún control y selección de esa ropa extranjera.

Hay que poner punto final a este capítulo ingrato de la historia ambiental de Tarapacá.

Mario Zolezzi Velásquez

Cuatro millones 143 mil personas que viven en Chile se encuentran hoy en situación de morosidad, un aumento de 28 mil personas respecto al trimestre anterior, cifras que reflejan una tendencia general al alza de la deuda en los últimos meses. El escenario no es sorprendente, sino, por el contrario, previsible.

Dicho de otro modo: nada permitía ser muy optimista respecto a la realidad que nos encontraríamos a esta altura del 2022, e incluso con proyección de empeorar hacia finales del año.

Los datos del reciente informe de Equifax y la Universidad San Sebastián apuntan a que la cantidad más alta de deudores está en el retail, pero que, en términos del monto de la deuda, las personas deben más dinero al banco que al retail. Además, se evidencia que cuatro regiones tuvieron alzas en el número de personas que no cumplen sus compromisos financieros; y que casi un 20% de los extranjeros residentes en Chile se encuentra en situación de morosidad.

Las estadísticas del Poder Judicial también apuntan a que el número de procesos ejecutivos iniciados se incrementó, al menos en un 4,3%, tanto para personas naturales como empresas.

Todo hace prever, en definitiva, que a fin de año el país tendrá más de 4.5 millones de ciudadanos en Dicom y más de un millón de recursos ejecutivos contra deudores. Muchas de estas nuevas deudas contraídas por cubrir necesidades de la canasta básica.

Hoy, más que nunca, resulta vital que el deudor moroso esté informado acerca de los derechos que tiene, especialmente, porque ya se acabaron casi todas las medidas que llevaron a cabo los gobiernos durante los últimos dos años para ayudar al bolsillo de las personas.

Aunque estas acciones demostraron ser insuficientes para dar sostenibilidad a la economía doméstica, su término supone una piedra más para la carga que deben llevar los más de cuatro millones de personas endeudadas que viven en Chile. Las ayudas estatales y algunos "gestos" de instituciones financieras fueron solo un bálsamo, que de algún modo patearon el problema para más adelante. Pues bien, ahora es ese "adelante": un contexto complejo, con inflación, cesantía, política monetaria restrictiva, bajo crecimiento e incertidumbre.

La tormenta del endeudamiento ya está sobre las personas naturales y las pequeñas empresas. Aquella amenaza o riesgo que pensamos que se disiparía una vez que se mitigaran los impactos de la pandemia, se está haciendo sentir fuerza. Es momento de actuar y tomar decisiones responsables en el tiempo. De lo contrario, los estragos del temporal pueden ser devastadores.

Ricardo Ibáñez,

abogado y socio fundador defensadeudores.cl