Sin duda, durante la pandemia de Covid-19 se adoptaron medidas excepcionales en diversos ámbitos de la sociedad. Cambió la forma de relacionarnos, de trabajar e incluso, la manera en la que funcionaban los tribunales de justicia, lo que, entre otras cosas, permitió regular las audiencias remotas y actualizar normativas en los procesos judiciales para enfrentar la situación luego del estado de emergencia decretado por el gobierno.

Fue así como, por ejemplo, se simplificó la notificación personal subsidiaria; la comunicación a las entidades registrales con excepción de medidas precautorias y embargos; la notificación por correo electrónico de sentencias definitivas; otorgamiento de escritura pública de adjudicación de un bien raíz en remate judicial mediante documento electrónico, entre otros.

También se agregó el deber de abogados, funcionarios de la administración de justicia y de jueces, de promover el empleo de métodos autocompositivos de resolución de conflictos, como la conciliación o la mediación.

En cuanto a notificaciones, si la persona no es hallada una vez realizadas las búsquedas de rigor, se acreditará que se encuentra en el lugar del juicio, procediendo a su notificación el mismo día, sin necesidad de nueva orden del tribunal. Asimismo, las resoluciones que la ley ordena sean notificadas por cédula podrán notificarse por el tribunal a través de medios electrónicos sin requerir el consentimiento del notificado.

Por otra parte, respecto a la designación de domicilio, todo litigante en su primera gestión deberá entregar un domicilio conocido, así como abogados patrocinantes y mandatarios judiciales deberán designar un medio de notificación electrónica que el juez califique como expedito y eficaz, bajo apercibimiento de serles notificadas por estado diario todas las resoluciones que se dicten en lo sucesivo.

De esta manera, la actividad judicial se vio alterada por los efectos de la pandemia, lo que permitió regular distintas situaciones mediante la legislación de manera permanente, dictándose la ley 21.394 que introduce reformas al sistema de justicia, lo que en la práctica facilita la actividad jurisdiccional principalmente en cuanto a la posibilidad de los intervinientes y funcionarios judiciales a no trasladarse físicamente a los tribunales para comparecer en los procesos, teniendo en cuenta los datos de la Asociación Nacional de Magistrados que solo un 12% de las audiencias en el país se lograban realizar antes de la dictación de la ley en cuestión, quedando una carga significativa suspendida y que con la dictación de la ley se agilizan y regulariza la situación, dotándole al Poder Judicial de herramientas para enfrentar la carga laboral.

"La actividad judicial se vio alterada por los efectos de la pandemia, lo que permitió regular distintas situaciones".

Jimena Milla, académica de la carrera de Derecho de la U.Central Coquimbo

Los dichos del Presidente Boric en contra de la prensa son un ataque a la democracia liberal, ya que sus declaraciones atentan contra la libertad de prensa al insinuar que los medios sólo debieran publicar noticias que él considere como "buenas" y que no muestren a Chile como un "país infernal" según él.

El pilar de toda democracia liberal es la libertad de prensa, por lo que los medios deben publicar sucesos de interés para informar a los ciudadanos de lo que pasa a su alrededor y no sólo cuestiones agradables que sean del gusto de presidente de turno. De hecho, el papel de la prensa en una democracia liberal es precisamente formar sujetos políticos que tengan la libertad de recibir y difundir información y se formen una opinión propia para poder interpelar al poder estatal con la verdad.

Con sus palabras desafortunadas, Boric deja traslucir que tiene un sesgo populista que no le permite entender el rol de la prensa en una sociedad democrática ni los límites del cargo de presidente después de que habla tanto de "habitar el cargo". Ejemplo de ello ha sido el ser hostil y burlesco hacia la prensa cada vez que los periodistas le han hecho preguntas incómodas o han mostrado una realidad país adversa y no darse cuenta de que ya no es un dirigente estudiantil que puede decir lo que quiera sin que haya mayor repercusión por ello.

Adriano Ventura Cerisola,

Fundación para el Progreso

Observando los resultados del Estudio Ipsos 2023, Monitor Global de Salud, la obesidad está entre los cuatro primeros problemas de salud en Chile, junto con salud mental, cáncer y estrés. Esto es preocupante y requiere de atención urgente de nuestra sociedad y las autoridades.

Además, según el reciente informe de OCDE el 34.4% de la población adulta en Chile vive con obesidad. Esto nos sitúa en el segundo lugar por debajo de USA (40%) con esta enfermedad. Por ello, es esencial invertir en políticas públicas que promuevan una alimentación saludable, fomenten la actividad física y brinden acceso a tratamientos y a atención médica adecuada por parte de equipos multidisciplinarios.

La obesidad es una enfermedad crónica y tiene un impacto en la calidad de vida de las personas, pero además representa altos costos para el sistema de salud. Según un estudio de The Economist, se estima que el costo económico de la obesidad en Chile fue de 3.600 millones de dólares solo en 2020.

En esta línea, valoramos el trabajo realizado por la Comisión de Salud del Senado quienes están impulsando que la obesidad sea reconocida como una enfermedad crónica y abogando por el uso de las nuevas guías clínicas con el fin de que así sea considerado en la discusión presupuestaria. En los 100 años de investigación y desarrollo que nuestra organización ha impulsado, primero en Dinamarca, pero actualmente a nivel global, hemos visto cómo el tratamiento efectivo, a tiempo, y multidisciplinario puede mejorar la vida de nuestros pacientes de manera significativa. Esta pandemia silenciosa debe parar y está en nuestras manos lograrlo con medidas acordes al problema y con voluntad de todos para impulsar el cambio.

Eduardo Silotto Custodio,

CEO Novo Nordisk Chile