Matías Gatica Lindsay

La ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió ayer al plan del Gobierno para expulsar a extranjeros que se encuentren de manera irregular en el país.

En medio de las críticas de la oposición por una presunta lentitud en las salidas, la secretaria de Estado dijo a radio Universo que "este año, hace pocas semanas, se acaban de suplementar los recursos para expulsiones en 1.400 millones de pesos. Eso nos va permitir contratar dos vuelos comerciales y tener adicionalmente un vuelo de la FACh, dirigidos en dos casos a Venezuela y en el tercer caso a algún otro país, probablemente República Dominicana o Colombia".

Pese a que aún no se especifica cuantas personas serán expulsadas del país, el martes el director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Thayer, dijo en la Cámara de Diputados que "hay vuelos de la Fuerza Aérea que tienen capacidad para 60 personas, hay vuelos comerciales que tienen capacidad para 120".

Tohá señaló además que adicional a los vuelos anunciados "todas las semanas hay personas que se expulsan en vuelos comerciales" y agregó que los costos de expulsiones son muy altos, pues "la legislación internacional exige que por cada persona que se expulsa haya dos personas de la policía que los escolta".

Pese a ello, agregó que "eso no es un obstáculo para expulsar. En todo este tiempo no hemos estado limitados por los recursos ni por los funcionarios, lo que nos limita son los requisitos que son tan complejos".

Por su parte la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, confirmó que se le solicitó una reunión al gobierno venezolano para tratar el tema de inmigración y otros asuntos. Dijo que se haría entre fines de noviembre y la primera quincena de diciembre.

Estos vuelos se dieron a conocer la misma semana que la encuesta CEP reveló que un 70% de chilenos cree que los inmigrantes elevan los índices de criminalidad en Chile.

Sobre el tema de la inmigración, el diputado RN Diego Schalper dijo ayer que "la izquierda tiene una lógica romántica con la inmigración ilegal (...) Por eso mismo cuesta tanto creerle al Presidente cuando ahora anuncia que va a tener mano dura con la inmigración ilegal".

Pese a que hasta el martes estaba en duda la asistencia del Presidente Gabriel Boric a la ceremonia de cambio de mando en Argentina, donde el 10 de diciembre será investido como nuevo mandatario el economista Javier Milei, ayer la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, confirmó que el jefe de Estado si estará presente.

Por la mañana el canciller Alberto Van Klaveren dijo que la presencia de Boric, quien habló por teléfono el martes con Milei, estaba "en evaluación". Sin embargo, más tarde la ministra Vallejo dijo que "la decisión está tomada, el Presidente representa al Estado de Chile y, como se ha hecho siempre, va a asistir. Y esto es un estándar que el Presidente tiene para todos los casos".

"A nosotros nos interesa construir y fortalecer las relaciones diplomáticas de Estado con todos los países, independientemente de si los gobiernos de turno son afines o no, porque cuando se habla de política de Estado, se habla por el bien de nuestros pueblos, a los que representamos", agregó la vocera.

El diputado Stephan Schubert (Ind-Rep) valoró que la determinación de Boric. "El Presidente hace lo que corresponde", dijo. Desde la bancada RN señalaron que "no era necesario tanto problema para que el Presidente hiciera lo obvio"; mientras que el diputado Raúl Soto (PPD) dijo que era "una buena señal" para las relaciones de Chile con el país vecino.

Luego que la Corte Suprema rechazó esta semana aplazar la implementación del fallo GES, que obliga a las isapres a reducir los precios de sus planes a los aplicados entre 2019 y 2022, la Asociación de Clínicas de Chile advirtió que de aplicarse, "comprometerá gravemente la continuidad de atención a los pacientes".

Desde la asociación gremial, que reúne a 40 prestadores de salud privados, señalaron que el fallo impactará "especialmente a los que tengan necesidades de salud impostergables o tratamientos en curso (...) Al mismo tiempo, provocará un efecto negativo en la operación de los prestadores privados de salud, agravando la incertidumbre y la sostenibilidad en el funcionamiento de nuestras instituciones".

"Se generará un impacto en cadena en el sistema de salud en general, con efectos en el sistema público, y una potencial crisis sanitaria que impactará a las personas (...) Insistimos imperativamente en que los tiempos se agotan y que debemos poner en el centro de la discusión a los pacientes", concluyó.