Con preocupación he seguido el avance del proyecto de ley Jacinta . Esta buscó imponer nuevas exigencias para los adultos mayores que deseen solicitar o renovar su licencia de conducir.

Si bien se puede afirmar que las capacidades físicas de las personas cambian con el tiempo, dichos cambios no afectan a todas las personas mayores por igual, por lo tanto, no es razonable ni sensato asumir que todos los adultos mayores tendrán problemas de salud que les impidan conducir de manera segura. Dicha presunción, al ampararse en una arbitrariedad, lo convierte en un acto abiertamente discriminatorio. De hecho, muchas personas mayores son conductores que, en base a la experiencia y la prudencia, aplican con mayor severidad las reglas del tránsito, transformándolos en conductores más seguros y prudentes, incluso más que las personas jóvenes.

Ahora se ha anunciado un nuevo articulado que busca ampliar a estas arbitrarias nuevas exigencias a todas las personas que deseen solicitar o renovar su licencia de conducir.

El nuevo articulado es, nuevamente, innecesario y discriminatorio. En lugar de continuar con un caprichoso proceso, las autoridades estatales deberían centrar sus esfuerzos en mejorar la seguridad vial y adoptar medidas, tales como, el perfeccionamiento de la educación vial, el control del estado de las calles, puentes y caminos, el cumplimiento de las leyes de tránsito, entre otras medidas que aseguran la integridad personal de todos los conductores y peatones, independientemente de su edad o sus condiciones.

Claudio Pimentel,

abogado y académico U.Central

De un tiempo a esta parte se han ido normalizando hechos y conceptos tales como asesinatos, secuestros, narcotráfico, crimen organizado, corrupción y otros. Esta normalización no deja de ser inquietante, pero lo que resulta aún más llamativo es la pasividad con la cual las autoridades asimilan cada una de estas situaciones. A tal punto que más allá de la típica frase hecha concebida como placebo para la opinión pública poco o nada hay en materia de acciones concretas que apunten a terminar con estos flagelos sociales. Pero aún, cuando se intenta hacer algo esto se lleva a cabo a medias o mal hecho. Lo peor de todo es que mucho de lo que hoy estamos viviendo en Chile otros países en la región lo han vivido, lo siguen viviendo o lograron sortear, momentáneamente, cada una de estas situaciones. Y como estamos al fin del mundo nos confiamos en la comodidad de afirmar que "eso no va a ocurrir aquí, imposible que eso suceda" aún cuando todas las evidencias demuestran que, más temprano que tarde, vamos a ser parte del proceso de latinoamericanización porque somos parte del barrio y las actuales condiciones país así lo demuestran.

Por el momento no se vislumbran liderazgos o acciones que puedan revertir este magro escenario. De hecho llama la atención que no existan manifestaciones u otros en las calles lo que, dicho sea, no es raro si consideramos que muchas de esas personas ocupan, actualmente, puestos bien remunerados en el gobierno. Y quienes no, viven a costa del Estado con pensiones de gracia concedidas por el Presidente. Y así seguiremos estando al menos por los próximos dos años.

¿Qué nos queda como ciudadanos? Aguantar, resistir y orar porque, alguna vez, Chile vuelva a ser la copia feliz del edén.

Rodrigo Durán Guzmán

Indultos irresponsables

Esta semana el presidente Gabriel Boric ha anunciado que se evaluarán cincuenta pensiones de gracia, incluidas las del gobierno anterior, y se revocarán aquellas conferidas a quienes hayan cometido delitos de alta connotación social.

¿Debe excluirse de esa pensión necesariamente a quienes cuenten con un prontuario delictual y mantenerla a quienes no lo posean?

Veamos.

Una pensión de gracia debe entregarse -a la luz de las reglas- a quien haya prestado un servicio meritorio; a quien haya sido afectado por una catástrofe o accidente habiendo circunstancias excepcionales que lo sugieran; o, en fin, a quien padezca una incapacidad que le impida ejercer una actividad remunerada para subsistir.

Muchas de las pensiones que se revisarán fueron otorgadas, sin embargo, no en virtud de esas precisas causales, sino a propósito del estallido social.

El caso de estas últimas -las pensiones otorgadas con ocasión del estallido- plantean una pregunta relevante: ¿cómo se pudo justificar su otorgamiento?

Debe descartarse desde luego -porque sería bochornoso que así fuera- que alguna se hubiere otorgado por "servicios meritorios". Ello supondría que impulsar el estallido, o participar de él, o alentarlo, constituyó un mérito digno de encomio o premio por parte del estado. Y algo así puede sostenerse desde fuera del estado (para quienes adhieran a ese acontecimiento); pero es muy difícil justificarlo desde el estado. Y es que quienes participaron del estallido sin ejecutar actos violentos no hicieron más que ejercer el derecho a la protesta, un derivado, aunque suene sorprendente de la libertad de expresión. Los que, por su parte, ejecutaron actos violentos como la quema de Iglesias, de comercio, o agredieron a la policía, no ejecutaron acto meritorio alguno. Así entonces no parece que el estallido justifique, ni ex ante ni ex post, el otorgamiento de pensiones de gracia ni para quienes participaron tranquilamente de él, ni para quienes lo hicieron ejerciendo la violencia.

Pero --se dirá-- ¿acaso no se justifica haber otorgado pensiones de gracia a quienes habiendo participado de los acontecimientos de octubre resultaron gravemente lesionados, privados de la vista o padeciendo una desgracia semejante?

En general, si hay daño causado por el comportamiento de agentes del estado (como ocurrió con la senadora Campillai) lo correcto, en vez de conferir una pensión, es pagar la indemnización de acuerdo con las reglas del derecho vigente. Bajo este último todo daño causado por malicia o negligencia debe ser íntegramente reparado. Median diferencias entre la pensión y la indemnización. La primera es asistencial y por gracia, la segunda debe ser completa, reparar todo el daño, y es además obligatoria.

Aceptemos sin embargo que entre los pensionados del estallido ha de haber varios que lo fueron por haber padecido perjuicio causado por agentes del estado o presumiblemente por la omisión del estado (consistente en omitir el servicio de instaurar el orden). Y que debido a la urgencia a ellos se les otorgó una pensión.

Pero de ser así parece evidente que la revisión que efectuará el gobierno y que el presidente Gabriel Boric acaba de anunciar no puede alcanzar a esos casos.

Si alguien quedó ciego producto de la acción policial y era un delincuente con prontuario o más tarde delinque ¿con qué argumento podría quitársele una pensión que le fue otorgada no por ser buen ciudadano sino por haber padecido daño? Un delincuente que padece un daño merece reparación sea que haya delinquido antes o delinca después. Así entonces el anuncio tampoco alcanza a estos casos.

De esta manera no pudieron otorgarse pensiones por mérito a propósito del estallido, y las que se entregaron a quienes padecieron daño no pueden ser revisadas (puesto que es el daño y no la conducta la que las justifica).

¿Queda algún tipo de caso que merezca la revisión? Por supuesto, pero no es muy cómodo para el gobierno. Son aquellos casos en que no había motivo alguno para conferir el beneficio (puesto que, como vimos, los partícipes de la protesta violentos o no, no lo merecían). Pero en tal caso el responsable no es el beneficiario que la recibió, sino el gobierno que la otorgó. Y sería bueno que, por fin, a propósito de esta revisión, se lo reconociera. Se reconociera que se fue irreflexivo --otra forma de decir que se fue irresponsable-- al concederlos.

Carlos Peña