Los gobernadores regionales y alcaldes del Norte Grande fuimos convocados esta semana por Izkia Siches, próxima ministra del Interior, y por el que será su equipo para abordar temas de Seguridad Pública, Migración y Regiones. Este solo hecho ya es un enorme avance en comparación a lo que ocurre con el actual Gobierno, por el que hemos sido ignorados desde el inicio de esta crisis migratoria.

Ya son casi dos años desde que advertimos al Presidente de la República y a las autoridades pertinentes que se venía una compleja situación con consecuencias sanitarias, de seguridad, económicas y humanitarias de magnitud. Pero no fuimos escuchados. Tuvimos que interponer un recurso de protección por el descontrol migratorio en la frontera, la afectación que provocaba a los iquiqueños en su convivencia, seguridad y salud la ocupación de nuestros espacios públicos por centenares de migrantes en total abandono, y también, por la necesidad de habilitar albergues para paliar la crisis humanitaria que afectaba, especialmente, a niñas y niños.

Largo tiempo después, un fallo de la Corte Suprema más la protesta ciudadana por la agresión a un carabinero en Cavancha y el paro de camioneros en solidaridad y protesta por la muerte de uno de los suyos en Antofagasta, lograron que el actual Gobierno reaccionara, al menos, en la arista de seguridad pública.

Es por eso que resulta muy positivo haber sido convocado por las que serán las próximas autoridades a las que, como siempre, expresamos nuestra mayor disposición a colaborar para atenuar las consecuencias de esta crisis, dimos a conocer nuestras propuestas y expresamos el sentir de nuestra comunidad, sus organizaciones sociales, gremiales y humanitarias. El futuro Ministerio del Interior no solo escuchó nuestros planteamientos, también nos dio a conocer con anticipación sus propuestas. Durante este gobierno, solíamos enterarnos de ellas por la prensa.

Sin lugar a dudas, las soluciones a esta crisis migratoria serán complejas y difíciles, por lo tanto, que las nuevas autoridades planteen una propuesta integral que abarque desde las relaciones internacionales, la seguridad fronteriza, aspectos humanitarios hasta la recuperación de los espacios públicos, es esperanzador y aporta un verdadero sentido de realidad al trabajo para afrontar la crisis.

Además, hoy la puerta está abierta para abordar juntos aspectos relacionados con el desarrollo de Iquique y Tarapacá: fomento y reactivación económica, del turismo y comercio internacional, ya que, esta crisis también ha generado efectos sobre estas actividades esenciales para nuestra sobrevivencia como ciudad y la de sus trabajadores y empresarios.

"Sin lugar a dudas, las soluciones a esta crisis migratoria serán complejas y difíciles".

Mauricio Soria Macchiavello, alcalde de Iquique

Rusia ha justificado sus ataques a Ucrania argumentando ir en defensa de una población prorrusa que ha sufrido un genocidio por parte del gobierno ucraniano. A su vez, ha señalado que estos ataques estarían validados desde la legítima defensa descrita en el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas, ya que lleva 8 años protegiendo a dicha población, lo que ha llevado a que se le otorgue a este colectivo la ciudadanía y la nacionalidad rusa.

Sin embargo, y en virtud de lo que ha sucedido en estas últimas semanas, es posible señalar que Rusia ha atacado a Ucrania no en función de motivaciones humanitarias, sino por considerar que el acercamiento del gobierno de Zelenski a la Unión Europea y a la OTAN es una amenaza a su propia seguridad y a sus intereses geopolíticos. Ante esto, resulta oportuno realizar algunas consideraciones que están descritas en el derecho internacional y que permiten evaluar la legitimidad de cada una de estas posiciones.

Por un lado, la visión rusa no solo es instrumental, sino también es errada. Lo anterior, se explica en el hecho que existe la obligación internacional para todos los Estados de abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. A su vez, es importante señalar que la obligación internacional de los Estados de proteger a sus nacionales que están en el exterior es a través de la vía diplomática, tal como quedó sustentado en el pronunciamiento de la Corte Permanente de Justicia Internacional en el caso de las Concesiones Mavrommatis en Palestina de 1924 y lo establecido por la Corte Internacional de Justicia en 1955 en el caso Nottebohm. En el primero, se estableció que los Estados están autorizados para ofrecer protección diplomática a sus ciudadanos que han sido lesionados por actos que son contrarios al Derecho Internacional y que fueron cometidos por otro Estado, mientras que en el segundo, se estableció que esta protección a sus nacionales es un interés del propio Estado, por lo que se generaría una obligación de facto. De esta forma, la idea de recurrir al uso de la fuerza para justificar la protección de sus nacionales en el extranjero es una noción que amplifica los alcances de las fuentes existentes, por lo que no está validada en el sistema internacional. No obstante, es importante señalar que esta interpretación sí se ha ocupado con anterioridad, por ejemplo, con la intervención de Reino Unido en Suez en 1956 o cuando Estados Unidos realizó acciones militares en Granada en 1983 y en Panamá en 1989.

Por otro lado, y desde la óptica de Moscú, el acercamiento de Ucrania a la OTAN, tiene el potencial de ser un problema geopolítico relevante y de involucrar una potencial amenaza para su seguridad, especialmente si se considera que Rusia establece que una amenaza se materializa cuando se condicionan los intereses imperialistas que ha demostrado tener y que ya plasmó el 2014 cuando Moscú se anexó la Península de Crimea. No obstante, y en atención a los requisitos exigidos por Naciones Unidas y por el derecho internacional para validar una acción de legítima defensa, es posible señalar que no hay justificación material para el ataque ruso contra Ucrania. Lo anterior, en virtud que Rusia no ha recibido un ataque armado por parte de Kiev que amerite una respuesta militar sustentada en la legítima defensa. A su vez, Rusia tampoco podría justificar su decisión en la lógica de ir en defensa de los territorios separatistas prorrusos, ya que eso implicaría no sólo desconocer la soberanía ucraniana, sino también reconocer una suerte de anexión tácita de dichas provincias, lo que es contrario al derecho internacional.

En consecuencia, es posible evidenciar que las justificaciones rusas no están sustentadas en el derecho internacional.

Pedro Díaz Polanco,

analista internacional y

director de la Escuela de Administración Pública.

Universidad Austral de Chile