Leo Riquelme

La invasión rusa a Ucrania llevó al Gobierno a convocar a una reunión extraordinaria del Consejo de Estabilidad Financiera, cuyos miembros analizaron los impactos que podría tener el conflicto en la economía chilena. Uno de los más probables es que la guerra eleve el precio de los combustibles.

El ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, estimó que el encarecimiento podría llegar hasta los 250 pesos en un horizonte de 40 semanas. "Será paulatinamente, no de un día para otro", sostuvo, precisando que ello ocurrirá por la acción del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco).

Añadió que prevén que por el intercambio con Rusia y Ucrania, las inversiones de los fondos de pensiones puestas en ese mercado y los fondos soberanos que el Estado chileno tiene en Moscú se podrían esperar efectos "acotados".

Sin embargo, indicó que los mayores impactos podrían esperarse por el encarecimiento en los precios internacionales del petróleo y del gas, donde Rusia es un actor relevante; y en el trigo, en el que Ucrania es una potencia.

Cerda agregó el petróleo ayer amortiguó su impulso del jueves y añadió que Chile no importa el cereal ucraniano y sus cosechas le permiten contar con granos para los próximos seis meses, lo que no expondría al mercado nacional a comprar cereal a los valores actuales.

En otra señal que apuntaba a entregar calma, el ministro indicó que en el Fondo de Estabilidad Económica y Social el país cuenta con US$6.500 millones para enfrentar crisis. Si bien añadió que su eventual uso será una decisión de las autoridades del próximo Gobierno, agregó que "si es necesario actuar a través de política fiscal, tenemos capacidad de hacerlo".

La presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, dijo que están monitoreando efectos de largo plazo y lo que ocurrirá con la tasa de interés, lo que se revisará el 29 de marzo en la reunión de política monetaria.

La próxima ministra del Interior, Izkia Siches, anunció ayer que la próxima semana se reunirá con autoridades locales de la Macrozona Sur, que ella llamó Wallmapu, para comenzar a discutir políticas que ayuden a enfrentar la violencia rural que la afecta. La doctora añadió que el plan no considera una nueva renovación del estado de excepción en las cuatro provincias del Biobío y La Araucanía.

"(El presidente electo Gabriel Boric) ha definido no renovar el estado de excepción constitucional en Wallmapu. Nosotros tenemos una conversación con las autoridades locales para que este levantamiento sea con todas las medidas que corresponde", dijo.

"Esperamos mantener el estado de Derecho, esperamos mantener en Arica la tranquilidad, no queremos más víctimas en la zona, pero también queremos presentarle al país una estrategia diferente", agregó.

La postura del Gobierno electo sería prorrogar el estado de excepción en la Macrozona Norte, donde se activó administrativamente para enfrentar la crisis migratoria.

Siches se reunió el jueves con autoridades de las regiones de Antofagasta, Tarapacá y Arica, y sobre estos encuentros dijo que la nueva administración planea trabajar con las autoridades territoriales en la toma de decisiones.

El alcalde de Colchane, Javier García, valoró la instancia y que se trabaje con los gobiernos regionales y comunales.

Una de las propuestas más radicales para la conformación del Estado que discute la Convención Constitucional es la creación de las Asambleas Legislativas Regionales. La iniciativa, que pretendía instaurar especies de parlamentos locales, ayer sufrió un brusco cambio.

La comisión respectiva aprobó quitarle ese carácter legislativo, y permitir que sólo sea una Asamblea Regional.

El documento aprobado indica que, de respaldarse por los 2/3 del pleno de la Convención y luego por un referéndum, sus atribuciones serán fiscalizar al Gobierno Regional y los actos de la administración de esa zona. También podrá aprobar, rechazar o modificar el presupuesto local, el plan de desarrollo regional, los planes de ordenamiento territorial y de manejo de cuencas.

Asimismo, visará las propuestas de creación de empresas regionales; y podrá dictar reglamentos, ordenanzas, decretos, circulares e instrucciones para la ejecución de las leyes.

El carácter legislativo era cuestionado y fue determinante para que durante la primera semana de debate en el pleno no consiguiera el quórum.

Uno de los promotores de la controvertida iniciativa, el convencional del Colectivo Socialista Claudio Gómez, dijo que la idea original era tener un organismo que dictara legislación para el territorio específico, pero añadió que "uno tiene que ceder un poco tratando de buscar los grandes acuerdos".